Tuesday, May 16, 2006

Clasificación de las personas jurídicas

Clasificación de las personas jurídicas:

El art. 33 del Código Civil clasifica a las personas jurídicas, enumerando entre las de carácter público al Estado Nacional, las Provincias y los Municipios, las entidades autárquicas y la Iglesia Católica. Y entre las de carácter privado a las asociaciones y fundaciones, las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.
El art. 34 dispone que son también personas jurídicas los Estados extranjeros, cada una de sus provincias o municipios, los establecimientos, corporaciones, o asociaciones existentes en países extranjeros, y que existieren en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior.


Personas jurídicas públicas (Estado Nacional, Provincial, Municipal, entidades autárquicas, Iglesia Católica):


En primer lugar debemos marcar la diferencia entre los entes públicos de las personas jurídicas públicas no estatales.
Los primeros son el Estado Nacional, las Provincias y los municipios, es decir, los entes estatales que son creación directa del Estado. Ejercen la potestad de imperio en todo el ámbito de su actividad, su patrimonio es totalmente estatal y desempeñan un servicio público.
Los segundos, son los entes en cuya creación ha participado el Estado pero que son integrados por particulares o que aún sin injerencia del Estado en su constitución, ejercen algún tipo de función pública (v.g. Colegios profesionales, sindicatos, obras sociales –cf. art. 2 de la ley 23.660-, etc.)
Las entidades autárquicas son aquellas ramas de la administración pública a las que se ha descentralizado convirtiéndolas en personas jurídicas para lograr de esa forma el mejor cumplimiento de una finalidad estatal (ej. Banco Central, AFIP, etc.)
La Iglesia Católica es un ente público no estatal de jerarquía constitucional, en virtud del vínculo espiritual permanente que la liga a la Nación Argentina, conforme lo establece el art. 2 de la Constitución Nacional .
La personalidad de la Iglesia se extiende a cada una de sus unidades territoriales –diócesis, parroquias-, manteniendo éstas el mismo carácter de ente público.


Estados extranjeros y organizaciones internacionales:

El art. 34 del Código Civil reconoce existencia extraterritorial a las personas jurídicas públicas constituidas en el extranjero, incluyendo a las personas de derecho público creadas conforme al orden jurídico de origen, y capacidad para actuar dentro del marco normativo del Derecho Internacional público, sin efectuar ninguna distinción con relación a las personas públicas nacionales.
Respecto de la extensión de su capacidad existen dos tesis: una restrictiva y otra amplia. La primera se funda en que la persona de derecho público extranjera debe ser controlada por el Estado en donde pretende actuar, quien deslinda su campo de acción a fin de proteger su soberanía. La tesis amplia se funda en la extraterritorialidad de su actuación, basándose en el reconocimiento otorgado en la esfera internacional .
Este reconocimiento alcanza a las personas jurídicas públicas estatales internacionales, creadas por tratados internacionales e integradas por dos o más Estados , como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, etc.


Integraciones regionales:

La integración regional procura una interpenetración, armonización y unificación de las diversas políticas económicas, sociales, etc de diversos Estados, y la creación de órganos comunes con capacidad decisoria para asegurar el logro de los objetivos propuestos y la protección de los fines regionales .
Las estructuras de integración tienen el reconocimiento de su personalidad jurídica internacional y cuentan con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.
El capítulo II del Protocolo de Ouro Preto (adicional al Tratado de Asunción) consagra expresamente en el art. 34 la personalidad jurídica de Derecho Internacional del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) –integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, que tiene una personalidad jurídica distinta de la que detentan los países que la integran, hallándose investido de la misma personería que cualquier sujeto de derecho capaz de emitir normas jurídicas en forma descentralizada.
El art. 35 del mismo protocolo delimita la capacidad, disponiendo que el MERCOSUR podrá en el uso de sus atribuciones, practicar todos los actos necesarios para la realización de sus objetivos, en especial contratar, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles, comparecer en juicio, conservar fondos y hacer transferencias, agregando el art. 36 que celebrará acuerdos de sede.
Es decir, que esta personalidad le permite negociar y obligarse ante terceros países o subregiones. El Tratado de Asunción (y su Protocolo adicional) conforma un modelo de integración regional, cuyos componentes, en un plano de igualdad, buscan, mediante su política de interacciones, objetivos comunes que aprovechan a todos los integrantes del MERCOSUR .
Con personalidad jurídica también cuentan otros bloques regionales como las Comunidades Europeas y la Comunidad Andina.


Personas jurídicas privadas:

Las personas jurídicas privadas se rigen por el derecho privado aunque requieran de autorización estatal para funcionar. El art. 33 del Código Civil distingue las personas privadas sin fines de lucro como las asociaciones y fundaciones de aquellas destinadas a la obtención de utilidades a repartir entre los integrantes como las sociedades.
El efecto del reconocimiento de la personalidad jurídica de los entes colectivos es que se los inviste como sujetos de derecho distintos de quienes las integran, sean individuos u otras personas jurídicas. La personalidad jurídica de unos y otros no puede confundirse porque cada uno de ellos tiene sus propias relaciones jurídicas y su propio patrimonio.


Constitución de las personas jurídicas privadas:

El acto constitutivo de una persona jurídica es el acuerdo de voluntades a través del cual se expresa la voluntad de crear un ente jurídico nuevo. Tiene carácter contractual con excepción de las fundaciones que provienen de un acto que normalmente es unilateral, sea entre vivos o de última voluntad.
Debe contener las bases que reglarán la persona jurídica y frecuentemente se mencionan los aspectos que contendrá el estatuto.
El estatuto es el conjunto de reglas referidas a la persona de existencia ideal que establece su organización, estructura, gobierno y fines. Debe contener: 1) nombre y domicilio de los fundadores, 2) designación del objeto, 3) patrimonio inicial, 4) plazo de duración, 5) organización de los órganos de administración, 6) cláusulas atinentes al funcionamiento de la entidad, 7) procedimiento para la reforma del estatuto, 8) fecha de cierre del ejercicio anual, 9) cláusulas de disolución y procedimiento para la liquidación y destino de los bienes. Debe hacerse por instrumento público o privado con las firmas certificadas.
El Estado no solo aprueba o desaprueba los estatutos sino que también interviene en su reforma. Si el Estado no aprobara el estatuto o sus reformas, los particulares pueden recurrir la decisión por vía judicial, lo que solo puede ser admitido por los jueces si se demuestra que el Estado ha intervenido arbitraria o ilegítimamente.
En nuestro sistema legal, el poder de policía del Estado constituye un acto mixto de autorización de la personería y aprobación de los estatutos de la entidad.
El art. 45 del Código Civil dispone que comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etc, con el carácter de personas jurídicas, desde el día en que fueren autorizados por la ley o por el gobierno, con aprobación de los estatutos.
La autorización estatal de las personas jurídicas es materia eminentemente local. Esta facultad de las Provincias no ha sido delegada a la Nación. Es ejercitado por cada provincia y por el Estado Nacional en la Capital Federal.
La circunstancia de que el art. 45 del Código Civil mencione que la autorización puede ser “por la ley o por el Gobierno” indica que se trata de facultades que pueden ejercer tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, refiriéndose respectivamente a los de cada provincia, o los de la Nación como autoridades locales respecto del distrito federal. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y territorios nacionales, la ley 22.315 establece el régimen aplicable a las personas jurídicas.
La autorización de funcionamiento de la persona jurídica por el Estado y la aprobación de sus estatutos no implica más que un reconocimiento de una realidad preexistente pues son creadas mediante un acto constitutivo y este extremo es declarado por la autoridad publica.
Esa autorización es concedida por el Estado con efecto retroactivo, quedando legitimada su existencia al tiempo que se verificó su fundación (art. 47 Código Civil)
Se permite la creación del ente en formación de relaciones jurídicas en el periodo constitutivo, las que estarán condicionadas a la efectiva obtención de la personería. Se puede considerar que se reconoce condicionalmente al ente desde que es fundado.

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